Operación Impacto Escolar: Validan acuerdo de pena, ordenan detención provisional, y aplican otras medidas cautelares

En tres audiencias de solicitudes múltiples efectuadas en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Chiriquí, el juez de garantías Erick Javier Polanco González, validó un acuerdo de pena en uno de los casos, ordenó detención provisional en otro, y aplicó medidas cautelares personales en el último, para 5 ciudadanos imputados por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de venta de drogas.

En tal sentido, en la primera audiencia, el juzgador, validó el acuerdo de pena consensuado entre las partes y emitió la sentencia condenatoria n.° 485 de 16 de julio de 2026, mediante la cual condenó a 84 meses de prisión a un ciudadano de 24 años, al cual también le estableció como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un término de 24 meses, una vez cumplida la pena principal.

Durante este acto, el tribunal también decretó retención domiciliaria para un ciudadano de 38 años; mientras que, para otro ciudadano de 21 años, ordenó la suspensión condicional del proceso durante un año, sujeto a condiciones, la admisión de los hechos públicamente, abstención de consumir sustancias ilícitas, prueba antidoping cada 3 meses y tratamiento psicológico.

En otras dos audiencias, el propio juez decretó la detención provisional para un ciudadano de 22 años y para otro de 35 años.  

El juzgador tomó las decisiones tras valorar los elementos de convicción presentados por las partes intervinientes y considerar que las medidas cautelares personales dispuestas, eran las más cónsonas para garantizar los fines del proceso. En el caso de los dos que envió a detención provisional, observó el riesgo de afectar medios de prueba y peligro para la sociedad.

Durante estas actuaciones judiciales, el juez declaró legal la aprehensión, dio por presentada la formulación de imputación de cargos y legalizó las diligencias de compras controladas desarrolladas por la Fiscalía como parte de las investigaciones.

En estos actos, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Daniel Montenegro y Sthefanía González. Los imputados, por su parte, fueron asistidos legalmente por los defensores públicos Yaury Hill, Nathanael Guerra y Erick Ayala, y los defensores particulares Manuel Mármol y Rafael Santamaría. Este último presentó recurso de apelación y se agendó la audiencia para las 2:15 p.m. del próximo jueves 23 de julio de 2026. 

Estas causas penales guardan relación con la “Operación Impacto Escolar”, realizada el 14 de julio de 2026, en algunos centros educativos y residencias ubicadas en diferentes puntos de la provincia de Chiriquí.

Redacción: Vielka Cádiz Franco