Ordenan la detención provisional de 12 ciudadanos en la denominada “Operación Pandora”

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez, luego de presidir una audiencia de solicitudes múltiples de la denominada “Operación Pandora”, impuso la medida cautelar personal de detención provisional para 12 ciudadanos y la retención domiciliaria para otros dos implicados, entre ellos particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI). A estas personas se les investiga por la presunta comisión de múltiples delitos, tales como blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos públicos.

En el acto de audiencia, que duró tres días en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora y que culminó pasadas las 11:00 de la noche de este sábado 11 de julio, la juzgadora determinó, tras escuchar los argumentos de las partes intervinientes, que las medidas cautelares impuestas eran las más idóneas, proporcionales y necesarias para garantizar los fines del proceso.

En ese sentido, para aplicar la medida más severa de privación de libertad, la jueza valoró la pluralidad de delitos de naturaleza grave que afectan al Estado, aunado al hecho de que algunos de los hoy imputados mantienen sentencias condenatorias en firme. También ponderó los riesgos procesales sustentados por el Ministerio Público, como el peligro de destrucción de medios de prueba. Por otro lado, en cuanto a la medida de retención domiciliaria, la jueza Pérez compartió el criterio del fiscal de la causa para una de las investigadas y valoró el carácter humanitario para otro de los imputados, debido a sus padecimientos de salud y avanzada edad.

Es de resaltar que previamente, durante el desarrollo de la audiencia, la jueza Zenia Pérez legalizó la aprehensión de los 16 indiciados llevados inicialmente ante el estrado; sin embargo, solo pudo formularse la imputación de cargos contra 14 personas, pues dos de ellas sufrieron afectaciones médicas durante la sesión, lo que motivó su traslado a centros hospitalarios para recibir atención.

En este acto de audiencia de garantías, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal superior Emeldo Márquez y el fiscal adjunto Dagoberto Alvarado, de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada. También participaron representantes de la querella por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y de una empresa afectada. La asistencia legal de los imputados estuvo integrada por defensores técnicos particulares y un defensor del Instituto de la Defensa Pública.

Antes de concluir la sesión, las partes intervinientes anunciaron la apelación de algunas de las medidas cautelares personales ordenadas. Por lo tanto, se fijó para el próximo 3 de agosto de 2026, a las 8:30 a.m., la respectiva audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones en la sala 5 del edificio judicial de Plaza Fortuna.

Este caso tiene su inicio en el año 2024, que generó recientemente más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, lográndose la aprehensión de funcionarios de la DGI y particulares, que presuntamente causaron una lesión patrimonial al Estado por un monto aproximado de 40 millones de dólares, al manipular el sistema e-Tax 2.0 de dicha entidad pública, para apropiarse de créditos fiscales.

Por: Germán Sánchez