Ordenan reingreso al centro penitenciario de exrepresentante de Dolega investigada por presunto peculado

El juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la provincia de Chiriquí, Gaspar Marcucci, ordenó el reingreso de la exrepresentante de la Junta Comunal de Dolega cabecera al Centro de Rehabilitación Femenino de Los Algarrobos, una vez los médicos autoricen su egreso del Hospital Regional Rafael Hernández, en la ciudad de David, donde permanece recluida desde el domingo 1 de febrero de 2026.

La decisión fue adoptada durante la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el miércoles 4 de febrero, en la cual el juzgador negó la solicitud de retención domiciliaria presentada por la defensa particular. El juez consideró que no se aportó documentación médica científica que acreditara una condición de salud que justificara la modificación de la medida, además de que no se han producido cambios en la situación jurídica de la imputada, al mantenerse vigentes los elementos de vinculación y los riesgos procesales.

En esta diligencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal anticorrupción Alia Suleimán, quien participó de manera virtual. Por su parte, la imputada fue asistida por la defensora particular Liseth Berrocal, quien anunció recurso de apelación, fijándose la audiencia para el próximo 9 de febrero de 2026, a las 2:15 p.m., en la sala 1 del Órgano Judicial.

Durante la misma audiencia, el juez de garantías también accedió a la solicitud de cambio de residencia de la medida de retención domiciliaria que cumple la extesorera de la mencionada Junta Comunal, petición formulada por el defensor particular Félix Troya. En consecuencia, se ordenó que dicha medida continúe ejecutándose en una residencia distinta, ubicada en el distrito de Boquete.

El traslado fue autorizado por razones humanitarias y tras considerarse que no afecta los fines del proceso penal.

Las investigaciones que dieron origen a estos procesos se iniciaron a raíz de un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, en el cual se detectó el presunto uso indebido de fondos públicos asignados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), correspondientes al período 2021–2024.

 Redacción: Vielka Cádiz Franco