Órgano Judicial presenta avances en justicia ambiental y transparencia en el marco del Acuerdo de Escazú

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, presentó los avances del Órgano Judicial en la implementación del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que promueve el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Durante la reunión con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC), la magistrada López Arias destacó que el Órgano Judicial, a través de mecanismos jurídicos, tecnológicos, administrativos y educativos implementados por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP), ha impulsado acciones clave para fortalecer la justicia ambiental, garantizar la transparencia y fomentar la participación ciudadana, en concordancia con la Constitución y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.

En su intervención, la presidenta de la Corte Suprema subrayó que se han dictado fallos relevantes en defensa del ambiente, entre ellos, la sentencia que declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la empresa Minera Panamá, S.A.

“Este fallo de la Corte en materia ambiental demuestra una aplicación práctica y un fuerte vínculo con los principios del Acuerdo de Escazú. No solo reafirma derechos constitucionales y compromisos internacionales, sino que establece criterios clave para la protección ambiental y la democracia”, puntualizó López Arias.

Asimismo, informó que se han emitido sentencias que refuerzan los principios de reserva y legalidad ambiental, aplicando medidas cautelares para proteger cuencas hidrográficas afectadas por la contaminación industrial.

En ese mismo contexto, se detalló que, entre 2017 y agosto de 2025, el Órgano Judicial ha realizado 1,700 audiencias relacionadas con delitos contra los recursos naturales y el ordenamiento territorial, de las cuales 278 casos fueron judicializados. En el mismo período, se tramitaron 396 causas por delitos contra la vida silvestre y maltrato a animales domésticos, dictándose un total de 467 resoluciones, de las cuales el 22.4 % resultaron en condenas.

En el ámbito tecnológico, la implementación del Sistema Automatizado de Gestión Judicial ‘Ileana Bryden de Tejada’ ha transformado la administración de justicia mediante la digitalización de más de 4.7 millones de documentos, lo que ha evitado el uso de 33.4 toneladas de papel, contribuyendo significativamente a la protección ambiental.

Para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, en 2024 se creó la Oficina de Acceso a la Información Pública y de Justicia Abierta. Esta iniciativa se complementa con el trabajo de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género y el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), que promueven la difusión de jurisprudencia ambiental y principios legales relacionados.

El Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, con 845 facilitadores activos en el 93% del territorio nacional, ha sido capacitado en justicia ecológica, permitiendo acercar la justicia a comunidades rurales e indígenas. Entre 2021 y 2025, se desarrollaron 21 procesos formativos que beneficiaron a 993 personas, incluyendo servidores judiciales, estudiantes y representantes de la sociedad civil.

En el ámbito de la cooperación internacional, el Órgano Judicial firmó en junio de 2025 un convenio con la Fundación MarViva para promover la formación en derecho ambiental. Como resultado, se dio inicio a un diplomado especializado en recursos marinos y costeros.

La magistrada López Arias agradeció la oportunidad de presentar estos avances, que reflejan el compromiso del Órgano Judicial con una justicia ambiental, transparente, inclusiva y orientada a la rendición de cuentas.

Durante la reunión también participaron la Secretaria Técnica de Asuntos Judiciales, Katia Di Bello; el director de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Justicia Abierta, Andrés Mojica García de Paredes; la jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, Yazmín Cárdenas Quintero; y la directora de Estadísticas Judiciales, Sonia Matilde Arbeláez Barrios.

Por: Yazmin Castillo

Fotos: Katherine Jiménez