Para garantizar los fines del proceso penal, rechazan modificar medidas cautelares a acusado en ‘Operación Jericó’

El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, integrado por los magistrados Mauricio Marín (presidente), Diego Fernández y Yanelka Quijano, confirmó de manera unánime la decisión de la jueza de garantías Clara Montenegro, emitida el pasado 3 de septiembre, y negó las pretensiones de uno de los acusados por el delito de blanqueo de capitales en la causa conocida como “Operación Jericó”.

El procesado, a través de su defensa, solicitaba que fuera revocada la decisión de primera instancia y se modificara la medida cautelar de retención domiciliaria por notificación periódica (lunes, miércoles y viernes), además del retiro del brazalete electrónico que porta, a fin de garantizar su derecho al trabajo.

En la decisión de primera instancia, la jueza reiteró, además, las medidas de prohibición de salida del país, de acercamiento a la sociedad anónima investigada y a los otros acusados, así como la retención del pasaporte.

Este viernes 18 de septiembre, una vez escuchadas las argumentaciones del representante del Ministerio Público, el fiscal Juan Gutiérrez; de la defensa, a cargo del abogado Víctor Orobio; y del acusado, quien solicitó el uso de la palabra, el Tribunal Superior de Apelaciones entró a deliberar para luego sustentar su decisión.

De acuerdo con el cuerpo colegiado, se observa la necesidad de mantener las medidas cautelares, con base en los elementos presentados por el Ministerio Público.

Sobre el permiso de trabajo, que de acuerdo con el abogado de la defensa busca solventar las necesidades de manutención de la familia del acusado, el Tribunal destacó que a su esposa, quien también fue imputada en la investigación, le fue otorgada una medida cautelar de reporte periódico (días 15 y 30 de cada mes), con el propósito de que cumpla con esa responsabilidad.

Igualmente, se recordó que cuando al acusado se le cambió la medida cautelar de detención preventiva a detención domiciliaria, sus padres asumieron como oferentes domiciliarios y económicos. “Y si ellos no pueden hacerlo, deben acreditarlo de manera objetiva”, se expuso en la audiencia de apelación.

La Operación Jericó se inició en junio de 2023 con una investigación que permitió dar seguimiento a una red dedicada al traslado de droga proveniente de Colombia, su almacenamiento y posterior transporte por el territorio nacional, con la finalidad de enviarla a México y Estados Unidos. En esta causa, varias personas han aceptado responsabilidad y se han acogido a procesos abreviados.

Por: Enrique Luis Brathwaite