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Por razones humanitarias, juez de garantías impone retención domiciliaria y brazalete electrónico



En una audiencia realizada el martes 29 de enero de 2026, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, ordenó la medida cautelar de retención domiciliaria y colocación de un brazalete electrónico a un ciudadano de 38 años.

La decisión se tomó por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio económico —en la modalidad de robo agravado— y contra la seguridad colectiva —por posesión ilegal de arma de fuego agravada.

Tras escuchar los argumentos, tanto del Ministerio Público como de la defensa, la jueza decidió aplicar esta medida por razones humanitarias, basándose en un informe médico forense que indicó que la vida del imputado estuvo en riesgo porque hubo que someterlo a una operación craneal.

En respuesta a esta resolución, el Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación contra la medida cautelar impuesta. La audiencia para resolver dicho recurso fue programada para el 5 de mayo de 2026, a las 10:00 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Previamente, la jueza legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos.

En esta audiencia de garantías el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Jennibel Barraza, mientras que la defensa técnica particular la asumió la licenciada Yaneth Williams.

El hecho se originó el 23 de abril de 2026 en una joyería ubicada en la Plaza 5 de Mayo, donde el imputado, acompañado de otros dos sujetos, supuestamente intentó cometer un robo a mano armada, resultando con fracturas en el cráneo.

 

 

Por Guibel C. Moreno C.


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