Presidenta de la CSJ participa en encuentro que contempla revisión y actualización del Estatuto del Juez Iberoamericano

Con la participación de representantes de los Poderes Judiciales de diversos países de Iberoamérica, entre ellos Panamá, se desarrolla los días 24 y 25 de septiembre el encuentro denominado “Taller sobre el Estatuto del Juez Iberoamericano y Diálogo sobre el papel de los Poderes Judiciales en la lucha contra el crimen organizado en el marco del Estado de Derecho”, espacio que busca aportar elementos para la revisión y actualización del Estatuto del Juez Iberoamericano, adoptado en 2001.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ), doctora María Cristina Chen Stanziola, participa en esta jornada junto con representantes de los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana, así como miembros del Comité de Lima del Ciclo de Políticas de Justicia, conformado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Acompaña a la doctora Chen Stanziola en esta cita el coordinador del Despacho de Presidencia de la CSJ, coordinador nacional de Panamá ante la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) y comisionado de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la CJI, Etéreo Armando Medina Marín.
La actividad se desarrolla en el marco del acompañamiento que el Programa EL PACCTO 2.0, de la Unión Europea, brinda al Ciclo de Políticas de Justicia y al Comité de Lima desde 2022. Entre las líneas de trabajo priorizadas para 2026 se encuentra la revisión del Estatuto del Juez Iberoamericano, con el propósito de adecuarlo a las necesidades actuales de las sociedades y de los sistemas de justicia, considerando los cambios institucionales, tecnológicos y sociales experimentados en la región durante las últimas décadas.
El Estatuto, aprobado durante la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en mayo de 2001 en Santa Cruz de Tenerife, España, establece principios, derechos y deberes relacionados con la independencia, la imparcialidad y el profesionalismo de los jueces, además de constituir un referente para el desarrollo de una función jurisdiccional independiente y eficiente.
En este contexto, el encuentro aborda los desafíos que enfrentan los Poderes Judiciales ante el auge del crimen organizado, su dimensión transnacional y los riesgos de infiltración en las instituciones públicas y privadas, incluidos los relacionados con la corrupción. También se analiza la necesidad de fortalecer las garantías que permitan a los jueces ejercer sus funciones con independencia e imparcialidad, dentro del marco del Estado de Derecho.
Extensa jornada de trabajo
La jornada contempla una sesión introductoria y cuatro sesiones plenarias, en las que serán discutidos asuntos vinculados con la defensa de la independencia judicial, la especialización y formación de los jueces, la cooperación jurídica internacional, así como la ética, el género y los derechos humanos. Entre los temas previstos figuran las amenazas a la independencia judicial, la protección frente a presiones internas y externas, la incorporación de la inteligencia artificial en los Poderes Judiciales y las condiciones necesarias para preservar el carácter personal y motivado de las decisiones jurisdiccionales.
En materia de especialización judicial, se examinan los criterios que justifican la creación de jurisdicciones especializadas, la formación y evaluación de los jueces, la asignación objetiva de los asuntos y los indicadores que permiten medir la efectividad de estas políticas. Asimismo, se abordan los obstáculos que enfrenta la cooperación jurídica internacional y las alternativas para fortalecer la coordinación entre las autoridades judiciales frente a la criminalidad organizada.
El programa incluye, además, el análisis del papel de la ética en la carrera judicial, la incorporación de la perspectiva de género y la atención de los derechos humanos en el ejercicio de la función jurisdiccional. Estos asuntos forman parte de la discusión orientada a identificar las garantías y capacidades que deben fortalecerse en los sistemas de justicia iberoamericanos.
Las propuestas que surjan de las sesiones serán sistematizadas para contribuir a la elaboración del proyecto de versión consolidada del nuevo Estatuto del Juez Iberoamericano, que se someterá, en su caso, a conocimiento, validación y aprobación durante la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, prevista para celebrarse en Brasil en 2027.
Este valioso diálogo internacional para la justicia, que se desarrolla en la ciudad de Quito, Ecuador, se inició con el panel “El diálogo regional (y birregional) en justicia”, en el que intervinieron José Ramón Antón, representante de la COMJIB; Luis Fernando Arocena, de la AIAMP; y Sigfrido Steidel, encargado de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Presentes en esta sesión se encuentran la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich; el magistrado presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Marco Rodríguez Ruiz; y el director del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Jorge Mauricio Maruri Vecilla.
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