Presidente de la CSJ presenta informe de gestión

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals, sustentó la mañana de este miércoles, 27 de diciembre, el Informe de Gestión Administrativa, entre los años 2016 - 2017, de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que contiene la ejecución presupuestaria ( lo pedido, lo concedido y finalmente lo logrado), la implementación de la Carrera Judicial, los programas de formación y capacitación, el componente de  equipamiento, modernización y tecnología, implementación del Sistema Penal Acusatorio,  bienestar de los funcionarios, los proyectos de construcción e  infraestructura, el acceso a la justicia, transparencia y rendición de cuentas, y la proyección nacional e internacional.

Además, explicó ante los presentes sobre el equipamiento de las salas de audiencia del SPA en el ámbito nacional y de la Sala de Casación Penal, los principales convenios del Instituto Superior de la Judicatura "César A. Quintero Correa"  (ISJUP), para completar los 10 puntos más importantes del contenido del Informe de Gestión Administrativa.

En materia presupuestaria, detalló que para el 2016, aunque se solicitó un presupuesto de B/. 257 millones de balboas, al Órgano Judicial le fueron asignados B/. 137.2 millones, cifra que fue modificada a B/. 151.7 millones con los ajustes y traslados de partidas.

Para el 2017, el presupuesto asignado fue de B/. 160.8 millones en contraste con los B/. 274.2 millones solicitados, igualmente sucedió con la asignación presupuestaria del 2018, que fue 159.4 millones, aunque se había pedido al Ministerio de Economía y Finanzas la suma de  B/. 332.2 millones.

También hizo énfasis en el  96% de la ejecución de funcionamiento y del  90% en inversión para el 2016. Para el 2017, la ejecución de funcionamiento fue del 97% y en inversiones de 96%.

Con respecto a la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA), que cuenta con 1,030 funcionarios, se lograron equipar 69 salas de audiencias con modernos equipos de audio y vídeo, con la colaboración y acompañamiento de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También se suscribió un acuerdo con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, las Agencias Federales de Estados Unidos de América y el Poder Judicial de la República de Chile para el monitoreo del SPA.

El magistrado destacó que el modelo de gestión del SPA incluía el funcionamiento de los juzgados de liquidación en Panamá, San Miguelito, Colón, La Chorrera y Darién, pero que el 2018 se proyecta el cierra de algunos juzgados del sistema penal inquisitivo que han cumplido con su tarea y que el personal será redistribuido para aprovechar el conocimiento de ese recurso humano.

Otros de los logros de su gestión es la implementación de la Carrera Judicial, creada con la Ley 53 de 2015, que comparte con el Pleno, pese a que no se recibieron recursos entre los años 2016 y 2017, pero con los traslados de partidas se puso a funcionar la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, la subsecretaría técnica y las direcciones de Selección, de Estudios de Recursos Humanos, de Gestión Administrativa, de Desempeño, y de Bienestar del Servidor Judicial y Administrativo.

En tanto, reconoce que una de las tareas pendientes es la conformación del Tribunal de Integridad y Transparencia.

El magistrado Ayú Prado enumeró los beneficios de los funcionarios como el plan de cobertura médica y la póliza de vida, además de los ajustes salariales y el bono de retiro, entre otros.

Resaltó el acceso a la justicia, que se viene trabajando desde la Unidad de Acceso a la Justicia con el cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia, los Métodos Alternos de Solución de Conflictos, la Dirección Nacional de Asuntos Penitenciarios y del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales.

Además de los proyectos de infraestructura pendientes de ser concluidos en David, Chiriquí; Penonomé, Coclé; Changuinola, Bocas del Toro; Las Minas y Santa María, Herrera; La Chorrera, Colón, San Miguelito y Panamá.

En el componente de transparencia y rendición de cuentas, enfatizó en las declaraciones juradas de bienes que se presentan anualmente, la declaración jurada de bienes del Presidente que se puede consultar en la página web, pruebas antidoping aleatorias en todo el país y las pruebas de polígrafo al personal directamente vinculado al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entre otras.

Con respecto al Instituto Superior de la Judicatura "César A. Quintero Correa" detalló los principales convenios con la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Superior de Estudios Judiciales, la Escuela Judicial del Reino de España, la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia.

En el eje temático de las proyecciones nacionales e internacionales, se refirió a la Presidencia pro tempore 2017 - 2018 del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, Presidencia "alterna" de la Secretaría pro tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana para 2016 - 2017, Presidencia de la Secretaría pro tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana para 2018 - 2019, sede de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en mayo de 2018, y el trabajo en conjunto con la OEA, la UNODC, la Conferencia Episcopal, el Comité Ecuménico, el Grupo Interreligiones, los gremios que conforman el CoNEP, y el Cuerpo Diplomático y Consular en Panamá.

Brevemente mencionó la coordinación de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia con oficinas gubernamentales de “enforcement” (observancia o aplicación de la Ley) de la Unión Europea y los Estados Unidos de América.

Manifestó que no se referiría a los viajes de los funcionarios judiciales y administrativos del Órgano Judicial, prefiriéndose remitir al resultado de una auditoría efectuada por la Contraloría General de la República y a lo que se informa por la página web institucional.

Aprovechó para indicar que cada vez que tiene la oportunidad de hacer uso de la palabra en el extranjero, no deja de expresar que la República de Panamá no es un paraíso fiscal ni permisivo del blanqueo de capitales.

El magistrado Ayú Prado compartió la mesa principal con el vicepresidente de la Corte, magistrado Hernán De León, y la presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados, Yanibel Ábrego.

Entre los presentes estaban los magistrados Cecilio Cedalise, Abel Zamorano y Ángela Russo de Cedeño, además de miembros del cuerpo diplomático acreditado en Panamá, y colaboradores del Órgano Judicial.

Asistieron el Nuncio Apostólico de Su Santidad, el Secretario General de la Nunciatura Apostólica en Panamá, la Directora de la Academia Regional Anti Corrupción (ARAC), el representante regional de la UNODC en Panamá, un representante del Comité Ecuménico, un representante de APEDE, el Procurador de la Administración y la Secretaría General, el Administrador General de la AIG, un representante del Director General del SENAN, y Embajadores, Cónsules, encargados de negocios y representes diplomáticos y consulares radicados en Panamá.

Además se estregó un ejemplar del Informe de Gestión Administrativa a cada uno de los asistentes al acto.

También fueron invitados el presidente de la República y los ministros de Estado, la presidenta de la Asamblea Nacional, los vicepresidentes  y los presidentes de las comisiones, la procuradora general de la Nación y el procurador de la Administración, el Cuerpo Diplomático y Consular radicado en Panamá y los representantes de los gremios empresariales, profesionales y trabajadores del país.