Realizan ocho audiencias de medidas de protección ambiental por contaminación de los ríos La Villa y Estivaná

El Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Los Santos, ha realizado ocho audiencias de medidas de protección ambiental y urbanística, de conformidad con el artículo 337 del Código Procesal Penal, a empresas dedicadas a la comercialización y producción porcina, lechera y una de lácteos, por la presunta comisión del delito contra el ambiente, debido a las afectaciones ocasionadas a los ríos La Villa y Estivaná.

La semana pasada los jueces de garantías Bosco Monterrey, Indira Moreno y Brígido Alonso Mogoruza, ejecutaron seis de estas audiencias, en atención al presunto impacto ambiental detectado en los afluentes antes mencionados.

El juez Monterrey, efectuó dos audiencias. Una de ellas, referente a actividades porcinas ubicada en Llano de Piedras, distrito de Macaracas, en la que luego de escuchar a las partes intervinientes, accedió a la medida de protección recomendada por el Ministerio de Ambiente e impuso un plazo de 15 días para adecuar los hallazgos de la finca que se dedica a la porcinocultura; mientras que en el caso de una empresa dedicada al rubro lácteo, el juzgador otorgó un término de dos meses para que se cumplan con las condiciones establecidas por la entidad ambiental, a petición de la defensa pública.

En tanto, la juzgadora Moreno, le correspondió ejecutar también dos audiencias sobre casos de fincas porcinas ubicadas en el distrito de Macaracas, en la que igualmente concedió un plazo de 15 días para que se subsanen los hallazgos de las empresas.

Igualmente, el juez de control de garantías, Alonso Mogoruza, realizó dos audiencias, y una de ellas referente a un proyecto de barriadas ubicado en el distrito de Macaracas, por lo cual impuso un término de tres meses para que la empresa modifique el sistema de tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos, ante el presunto impacto ambiental causado al río La Villa; mientras que en la otra audiencia, el juez ordenó la suspensión temporal por 15 días de las actividades de reproducción de una finca porcina, que se dedica a la cría de 3,900 cerdos.

A su vez, los jueces Moreno y Monterrey, realizaron ayer dos audiencias adicionales, en la que el Ministerio Público, solicita la imposición de una medida de protección ambiental y urbanística, sobre las fincas donde el Ministerio de Ambiente, había dispuesto medidas de suspensión de actividades y la obligación de subsanar los hallazgos detectados.

Esta investigación da inicio por información difundida en redes sociales por la presunta contaminación de los ríos La Villa y Estivaná.

Por: Ivis Leonardo Franco