Se decreta detención provisional a ciudadano por los delitos de evasión y asociación ilícita para delinquir

El Juez de Garantías Adrian Hernández decretó la detención provisional del ciudadano dominicano de 42 años, luego de dar como presentada la imputación que hizo el Ministerio Público, por los delitos de evasión y asociación ilícita para delinquir, durante una audiencia efectuada este viernes 29 de septiembre en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio ubicadas en Plaza Ágora.

La decisión del juez Hernández se fundamentó en los peligros procesales que existen como son el peligro de fuga, desatención del proceso y posibilidad de destrucción de evidencias. Además de los elementos mínimos de convicción de la existencia de un delito.

Previo a esta audiencia de medidas cautelares, el juez Hernández dio por formulada la imputación por los delitos de evasión y asociación ilícita para delinquir, que presentó el fiscal contra el Crimen Organizado, David Mendoza al ciudadano.

Según el fiscal Mendoza, el imputado se evadió del centro penitenciario La Joyita, en horas de la tarde del 28 de diciembre de 2016, presuntamente con la colaboración de funcionarios del penal y de particulares, según se estableció con entrevistas a testigos y análisis de llamadas telefónicas.

Ante esto, el imputado se le permitió su derecho a la palabra y señaló que aceptaba los cargos por evasión pero no por el delito de asociación ilícita para delinquir, ya que según él no hubo colaboración de nadie para cometer este ilícito. Incluso añadió que podría llegar a un acuerdo con el Ministerio Público sólo por el delito de evasión.

En cuanto a la solicitud de la medida cautelar de detención provisional que hizo el Ministerio Público, la defensa pública a cargo del licenciado Edgar Belfield señaló que la aplicación de la misma era improcedente ya que su defendido está detenido por otro caso que se ventila en el sistema inquisitivo ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El juez Hernández explicó que son dos procesos distintos y por esta causa el imputado no mantenía ninguna medida cautelar, por lo tanto accedía a lo peticionado por el Ministerio Público fundamentado en los peligros procesales antes expuestos.

Luego de esto, la defensa solicitó una audiencia por vulneración de derechos de su representado argumentando que éste no tuvo acceso a un abogado desde que fue recapturado el pasado 22 de septiembre, ni tuvo derecho a comunicarse con nadie, además que no fue evaluado por los médicos luego de que supuestamente fue golpeado por unidades policiales, no se le comunicó por qué causa estaba siendo capturado, no se le respeto el principio de presunción de inocencia y no se han cumplido con los plazos establecidos para su aprehensión.

Por su parte, el Ministerio Público manifestó que el imputado está bajo órdenes del Sistema Penitenciario, y que su recaptura se da por el proceso que se ventila en el sistema inquisitivo por los delitos de blanqueo de capitales, secuestro, y homicidio en perjuicio de cinco jóvenes de La Chorrera.

A raíz de los argumentos de las partes, el juez rechazó por improcedente la petición de la defensa, pues no se puede pronunciar en cuanto a lo relacionado a otro proceso.

En estas audiencias participaron por el Ministerio Público, el fiscal David Mendoza en compañía de la fiscal Jenny Quintero; la querella estuvo representada por los licenciados Angel Gómez y Samuel Quintero; y por la defensa pública actuó el licenciado Edgar Belfield con el apoyo técnico del licenciado José Ricardo Lara.