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Se realiza audiencia de armas perdidas en el SPI



Hoy 10 de abril de 2018, en la audiencia preliminar alterna por el delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, seguida a David Robles y Juan Lozano, en perjuicio del Servicio de Protección Institucional (SPI), el juez Décimo Segundo Penal encargado, Orlando Castrellón, se acogió al término de 24 horas para calificar el sumario relacionado a pérdidas de armas de fuego.

El fiscal Anticorrupción de Descarga, Javier Mitre, solicitó llamamiento a juicio para Robles y Lozano como presuntos infractores, ambos jefes de armamentos de 2008 al 2014, y del 2014 al 2016, respectivamente. Por su parte, las defensas particulares Rogelio Castillo y Jacinto González, pidieron sobreseimiento definitivo para sus representados.

Al momento de los alegatos, el fiscal Mitre mencionó que la investigación inició en diciembre de 2015 cuando se le encuentra a un menor de edad en San Miguelito, un arma de fuego que pertenecía al SPI , hecho denunciado por el abogado Edgar Torres. A raíz de indagatorias y diligencias que realiza el Ministerio Público descubren que hacen falta 14 correderas y 13 empuñaduras que dan pie a la imputación de cargos.

Agregó el fiscal Mitre, que como elementos de convicción cuentan con una serie de pruebas y testimonios como inspección ocular, informes de inventarios, conteos de armas, formularios del SPI que arrojan irregularidades de armas que salían dañadas, en otras disponibles o reemplazadas.

La defensa de David Robles, Rogelio Castillo manifestó en su alegato que existen tres inventarios que coinciden en la existencia de todas las armas y es hasta el 2015 que aparece un arma con estatus inservible, un año después, por lo que no hay relación y que éstas no fueron extraviadas en la administración de Robles, sino posteriormente.

Por su parte, Jacinto González representante de Lozano, quien fue jefe a partir de julio de 2014, señaló que de acuerdo a los libros de salida y entrada, hay armas que fueron prestadas al curso de Comando el 20 de enero de 2014 y no están señaladas en el informe de Robles. No eran armas de uso, sino reemplazadas, existía un control, solicitudes de auditoría, se cambiaron el estatus de armas disponibles a inservibles. A su juicio, la línea de investigación del MP no ha sido la adecuada, ya que los armeros son quienes deberían estar acusados.

Previo a los alegatos, la defensa de Lozano solicitó proceso abreviado, misma que fue rechazada por parte de la fiscalía , ya que hace falta de un informe de auditoría de la Contraloría , no obstante se hizo mención a que se reconocieran los beneficios de un proceso abreviado.



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