Se reprograma audiencia por caso de droga en Panamá Ports Company

Este martes 10 de abril de 2018, la juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García Armijo, en el caso de tráfico internacional de drogas, ocurrido en la inmediaciones de la empresa Panamá Ports, en Balboa, corregimiento de Ancón, reprogramó la audiencia para el día 2 de mayo de 2018, a las 10:00 a.m., solicitada por el Ministerio Público, para extender el plazo de investigación por asuntos complejos, debido a que uno de los imputados de nacionalidad rumana no contaba con un traductor público autorizado.

La juez en su intervención acotó que se buscó el mecanismo tecnológico vía Skype, desde Rumania, debido a que la cónsul se encontraba en su país natal, y se pudiera realizar la traducción, pero por la falta de un equipo tecnológico adecuado la comunicación no era silmultánea, por consiguiente la juez se basó en que se debían respetar los derechos fundamentales del imputado, para que pudiera entender en su idioma natal lo que se argumentaba en la audiencia.

Previo a esta audiencia, en esta misma carpetilla, la juez de garantías negó el cambio de medida cautelar personal solicitado por los abogados de tres de los imputados extranjeros de nacionalidad colombiana, debido a que no variaron la circunstancias en la actividad que propiciaron la medida de detención provisional, en base a el artículo 240 del Código Procesal Penal.

En los argumentos de los defensores particulares, Carlos Herrera Morán y Omar Singh, solicitaron a la juez de garantías que se les concediera a sus representados una medida cautelar distinta a la detención provisional, entre ellos, impedimento de salida del país y deposito domiciliario para uno de los imputados, debido a que el Ministerio Público no tiene los suficientes elementos de convicción por este hecho y mantienen un arraigo domiciliario.

Por su parte, la fiscal especializada en delitos relacionados con droga, Sofia Carreño, acotó que la detención provisional impuestas a estos extranjeros se basaron en que tenían informes de vigilancia y seguimiento, que vinculaban a estas personas con el hecho delictivo. También la fiscal acotó que no se admitiera la revisión de las medidas cautelares debido a que estos tres sujetos no tienen un estatus migratorio fijo y se podía dar el peligro de fuga.

También la fiscal argumentó, que al momento de la aprehensión de estas personas, la policía les dio la voz de alto y los mismos hicieron caso omiso e intentaron evadirse.

En este caso, ya se han imputado cargos a 13 personas, entre ellos varios extranjeros y una mujer por los delitos de conspiración y contra la seguridad colectiva (caso relacionado por drogas).

Este hecho se dio el 28 de octubre de 2017, cuando un vehículo intentaba entrar a las instalaciones de la empresa Panamá Ports, con un cargamento de droga para luego ser enviado a Europa.