Se resuelven solicitudes en caso Bahía Honda, pero se desiste de complementar imputación

Un plazo de tres (3) meses tendrá el magistrado fiscal Abel Augusto Zamorano, para concluir la investigación dentro de la causa conocida como “Bahía Honda”, contra un diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), como presunto autor de los delitos contra la libertad individual (privación de libertad), extorsión y tráfico de influencias, luego que en la audiencia celebrada este martes, 10 de abril de 2018, el magistrado fiscal desistiera de la complementación de imputación, a fin de permitirle al abogado defensor particular Sidney Sittón, la incorporación de pruebas solicitadas al Ministerio Público, y así garantizar el derecho de defensa.

Esta decisión se dio luego que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, en función de juez de Garantías, resolviera al defensor particular del diputado del Parlacen, sendas solicitudes a saber:

Doble Juzgamiento, cosa juzgada y litispendencia

Estas peticiones fueron rechazadas de plano por el magistrado de Garantías Harry Díaz, al considerar que no hay constancia alguna de los requisitos del doble juzgamiento, ni mucho menos que el hoy diputado del Parlacen haya sido procesado por este caso de Bahía Honda, tal como lo argumentó el magistrado fiscal Zamorano, respaldado por el abogado querellante Donaldo Sousa.

Esta decisión fue apelada por la defensa, al considerar que estos hechos ya fueron atendidos en el Sistema Penal Acusatorio de Veraguas, y a su criterio es cosa juzgada.

Prescripción de delitos

En este aspecto, el magistrado de Garantías Harry Díaz declaró no probada la prescripción de los delitos de tráfico de influencia y extorsión, tal como lo señalara el magistrado fiscal y por el abogado querellante, para que no se admitiera tal petición. No obstante, el magistrado Díaz concluyó que en cuanto al delito contra la libertad individual, el mismo ya se encuentra prescrito, al momento de su admisión por parte del Pleno de la CSJ, ocurrido el 21 de abril de 2016.

En este punto, el abogado defensor también anunció recurso de apelación, al argumentar que desde el 2012 en que ocurrieron los hechos, transcurrieron más de 6 años, superando el término de prescripción por estos delitos.

Solicitud de conminar a la Procuradora a entregar documentación

Esta petición fue también formulada por el abogado defensor Sidney Sittón, en la cual solicitaba sancionar a la Procuradora General de la Nación, por cuanto la Fiscal Superior de Coclé, Gladys Morán, le negó copia completa de los expedientes que supuestamente se siguieron por esta misma causa, bajo el carácter restringido y reservado. En ese sentido, el magistrado de Garantías Harry Díaz no vio mala fe, ni falta de transparencia del actuar de la procuradora.

En esta petición, el magistrado fiscal Zamorano indicó que ya todos esos elementos fueron incorporados a la carpetilla, pero garantizando el derecho de defensa y el principio de “igualdad de armas”, consideró que es una obligación del Ministerio Público colaborar con los elementos de pruebas que requieran las partes. En tanto el querellante estimó que es innecesario el planteamiento de la defensa, por cuanto ya se ventiló lo referente al doble juzgamiento.

Esta decisión adoptada por el magistrado de Garantías, también fue recurrida por el abogado defensor Sidney Sittón.

Solicitud de copias de la carpeta del magistrado de Garantías

Esta petición fue rechazada de plano por inconducente por el magistrado de Garantías Harry Díaz, al considerar que para ello está la carpetilla que adelanta el magistrado fiscal.

Ilegitimidad del señor Simón Morales para ser querellante

El magistrado de Garantías, tomando en cuenta las propias declaraciones del ofendido, que manifiesta que fue trasladado por la Policía Aeronaval sin su consentimiento, y tomando en cuenta la asistencia en este acto del señor Simón Morales, representado por el abogado querellante Donaldo Sousa, consideró que el querellante es legítimo, tal como lo argumentó el magistrado fiscal Abel Augusto Zamorano.

Esta última decisión, también fue apelada por el abogado defensor Sidney Sittón.

Cabe destacar que esta audiencia, celebrada en el salón de Casación del Palacio de Justicia Gil Ponce, el magistrado de garantías Harry Díaz aclaró a las partes que esta es una audiencia complementaria de la imputación, que se tiene desde el 21 de abril de 2016, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió admitir la querella contra el hoy diputado del Parlacen. Ello luego que el propio Pleno, en la audiencia del caso “indultos”, celebrada los días 29 y 30 de enero de 2018, indicara que con la admisión se tiene debidamente presentada la imputación, y con ello se entiende que se suspende el término de prescripción.

Al acto de audiencia también asistió la joven Itza Camaño, hija del hoy difunto Aurelio Camaño, ofendido en este caso que tiene su génesis por una disputa de tierras en el poblado de Pixvae, en Bahía Honda, en la provincia de Veraguas, donde supuestamente se usurparon 70 hectáreas de tierras.