SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN PANAMÁ OESTE, IMPLEMENTA VIDEOCONFERENCIAS PARA REALIZAR AUDIENCIAS

A partir de este jueves 9 de abril de 2020, el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la provincia de Panamá Oeste, implementó el método de vídeo-conferencia, donde los Jueces de Garantías, realizarán las audiencias de control solicitadas por el Ministerio Público, en base a lo que establece el artículo 280 del Código Procesal Penal, que consiste en la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación de cargos y la imposición de medida cautelar personal, por medio de este mecanismo tecnológico.

Para ese fin, se ha dispuesto que los aprehendidos sean llevados al edificio del Órgano Judicial ubicado en Plaza Milenio, La Chorrera, específicamente después de La Espiga, para que permanezcan en una sala y luego, los demás intervinientes (Ministerio Público, Juez y Defensa) se conectarán mediante vídeo-conferencia, para realizar la audiencia.

La primera audiencia, realizada fue una audiencia de control de garantías a un ciudadano de 32 años de edad, por la supuesta comisión de delito de hurto agravado y contra la salud pública, esto luego de que violó la cuarentena obligatoria establecida por la emergencia sanitaria en el país, en un hecho ocurrido en un puesto de verduras ubicado en el Coco de La Chorrera. En este caso, la Juez de Garantías, Naida Cáceres, quien legalizó la aprehensión, dio por presentada la formulación de imputación y ordenó como medida cautelar personal la detención provisional. El Ministerio Público estuvo representado por la Fiscal, Lisbeth Serrano, de la Sección de Litigación y Decisión Temprana; la Defensa Pública por la Licenciada María Castillo, y la defensa de víctimas por la licenciada Evelyn Cisneros.

Las audiencias por vídeo-conferencias han sido implementadas luego que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través del Acuerdo No. 146 de 13 de marzo de 2020, adoptara medidas para resguardar la salud de los servidores judiciales, los aprehendidos, la Policía Nacional, así como los usuarios del sistema de administración de justicia, por razón de la pandemia por el COVID-19.