Tribunal de Apelaciones reformó decisión de Juez de Garantías por caso de tráfico ilícito de migrantes.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, conformado por los magistrados Adrián Hernández (presidente), Karolina Santamaría y Roberto Sánchez, reformaron la decisión de la juez de Garantías, Kenia Marín, en cuanto, a devolver el dinero encontrado en dos habitaciones de familiares de un imputado, a las mismas no se les ha imputado cargos y no se les ha vinculado en esta causa penal, en donde se encuentran imputadas 7 personas de nacionalidad china y dos panameños, por el delito de tráfico ilícito de migrantes.


En tanto, los magistrados de Apelaciones, si confirmaron la resolución de la juez de Garantías, en el sentido, de mantener las medidas cautelares reales, a varios indiciados, tales como la aprehensión de vehículos, dinero encontrado una de las habitaciones de un imputado, y fichas de casino ubicadas en la habitación de otro imputado, como en su vehículo.


Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones acotó, que si bien los abogados de la defensa alegaron que el término para controlar la aprehensión provisional de los bienes era extemporáneo, los magistrados basaron su fundamento en que la norma es clara, en cuanto a los plazos o términos, para que el Ministerio Público traiga el control de legalidad de las medidas cautelares reales, que dio por legalizada la juez de Garantías.



En cuanto a los bienes aprehendidos, el Tribunal Superior, fundamentó su decisión y señaló que los bienes aprehendidos, guardan relación con una investigación penal, que adelanta el MP, en la cual dichos bienes son descritos e identificados, por lo tanto, la medida es proporcional y cumple con los requisitos que establece la Ley.


El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal de Circuito, Jesús Jaén, quien peticionó al Tribunal, que se confirmara la decisión de la juez de Garantías.


La defensa particular, estuvo representada, por los licenciados Pedro Pablo Campos, Samuel Quintero, Eduardo Badillo, Armando Guerra, Carlos Carrillo, José Murgas Ábrego, y Felix Donadío Moreno.


Esta investigación inició en mayo de 2017, cuando según informes de vigilancia y seguimiento, ponen en conocimiento de que en Panamá, había una supuesta organización criminal de tráfico ilícito de migrantes chinos, que llegaban desde su país de origen e ingresaban a Costa Rica y Panamá, y que recibían a cambio grandes remuneraciones económicas.