Tribunal Superior de Apelaciones confirma medidas cautelares de una funcionaria del MP

La mañana de este miércoles, 13 de febrero, de manera unánime, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la decisión de primera instancia, de mantener las medidas cautelares a una funcionaria del Ministerio Público, de 36 años de edad, por el delito contra la administración pública (concusión), en perjuicio del Estado.

El Tribunal Superior de Apelaciones, conformado por los magistrados Ruth Aizpú (presidente), Mauricio Marín y Guillermo Quintero, confirmaron la decisión decretada por el Juez de Garantías, el pasado 7 de febrero, de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes, la prohibición de salida del país y la separación del cargo de la funcionaria, que se desempeñaba como fiscal adjunta de la Sección de Atención Primaria de Panamá Oeste.

Al momento de su decisión, el Tribunal explicó que las medidas cautelares se establecen en base a los requisitos y riesgos procesales, por lo cual deben verse de manera proporcional a la causa y de acuerdo al proceso, esto luego de que el representante del Ministerio Público solicitara que se revocara la decisión de la medida cautelar de reporte periódico, por la detención provisional.

Además, el Tribunal señaló que el Ministerio Público no logró probar la excepcionalidad del caso, ya que la misma cuenta con arraigo domiciliario y familiar, es una pena mínima de 3 años, y no hay peligro a las víctimas, porque en todo caso sería el Estado, por ser un delito contra la administración pública.

El fiscal Jacinto Pérez Domínguez, de la Fiscalía Anticorrupción, también sustentó que podría darse una posible destrucción de pruebas, ya que la imputada laboró en la institución, conoce del manejo del caso y tiene la manera para conseguir información.

Ante esto, el Tribunal enfatizó que no se puede partir de una premisa de algo que pudiese ocurrir en el futuro, y recalcó que se debe confiar en la lealtad y buena fe de los funcionarios del Ministerio Público, quienes pertenecen en la institución y conocen a la imputada.

Por su parte, el abogado de la procesada, Humberto Mendoza Castillo, solicitó que se confirmara la decisión del Juez de Garantías.

En el acto de audiencia, que se realizó en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, también se presentó el abogado denunciante del hecho, el licenciado Edgardo Reeder, quien sustentó parte de lo ocurrido con la funcionaria.

Este hecho ocurrió la noche del 5 de febrero de 2019,  mediante un operativo encubierto, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se aprehendió a la funcionaria, luego de recibir en su despacho un dinero envuelto en un sobre.