Tribunal Superior de Apelaciones confirma la detención provisional en caso de tráfico ilícito de migrantes
La tarde de este viernes, 14 de septiembre, el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, conformado por los magistrados Gladys Moreno Peralta (presidente), Diego Fernández y Miriam Jaén, confirmaron la medida cautelar de detención provisional a dos panameños y dos asiáticos, y a otros dos imputados, le revocaron la misma e impusieron otras medidas cuatelares menos severas, por el delito contra la humanidad (tráfico ilícito de migrantes), en perjuicio de personas de nacionalidad china.
El Tribunal Superior de Apelaciones, decidió que a los representados de los abogados particulares David Castillo, Pablo Pérez Campo, Temistocles Alemán y Ana González, miembro de la Defensa Pública, 3 varones y una mujer, respectivamente, se les mantenga la medida de detención provisional, por los elementos vinculatorios al proceso, y los riesgos procesales como peligro de destrucción de prueba, peligro de afectación a las víctimas, por la naturaleza del delito, entre otras.
Mientras que para el cliente del licenciado Armando Guerra, quien es de origen asiático, se le revocó la medida de detención provisional a reporte periódico (los días martes y miércoles de cada semana), impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a las víctimas y mantenerse en su domicilio, esto luego de que los elementos vinculatorios sustentadas por el Ministerio Público son endebles.
En cuanto, al representado del licenciado Franklyn Contreras, quien es de nacionalidad ecuatoriana, se le decretaron las medidas de reporte periódico (los días martes y viernes), impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a las víctimas y la entrega del pasaporte al Ministerio Público, esto luego, de que los elementos presentados no lo vincularan de manera comprometida al proceso.
En esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Paula Gárces, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, quien pidió que se confirmara la decisión de la juez de primera instancia, por la valoración del hecho, la destrucción de pruebas, peligro de afectación a las víctimas, y peligro de fuga
Cabe destacar que la investigación de este caso, inició en mayo de 2017, cuando según informes policiales de vigilancia y seguimiento, ponen en conocimiento desde Costa Rica, que en territorio panameño, una supuesta organización criminal se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes asiáticos.
Según lo manifestado por la fiscal, la ruta que se utilizaba era desde el país de origen de las víctimas, llegaban a Costa Rica y Panamá, donde a cambio, recibían grandes sumas de dinero.
Al inicio del acto de audiencia, la licenciada Lourdes González, representante de un hombre de nacionalidad asiática, desestimó el recurso de apelación, hasta que tenga nuevos elementos para solicitar un cambio de la misma, el cual fue admitida por el Tribunal.
El Tribunal Superior de Apelaciones, decidió que a los representados de los abogados particulares David Castillo, Pablo Pérez Campo, Temistocles Alemán y Ana González, miembro de la Defensa Pública, 3 varones y una mujer, respectivamente, se les mantenga la medida de detención provisional, por los elementos vinculatorios al proceso, y los riesgos procesales como peligro de destrucción de prueba, peligro de afectación a las víctimas, por la naturaleza del delito, entre otras.
Mientras que para el cliente del licenciado Armando Guerra, quien es de origen asiático, se le revocó la medida de detención provisional a reporte periódico (los días martes y miércoles de cada semana), impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a las víctimas y mantenerse en su domicilio, esto luego de que los elementos vinculatorios sustentadas por el Ministerio Público son endebles.
En cuanto, al representado del licenciado Franklyn Contreras, quien es de nacionalidad ecuatoriana, se le decretaron las medidas de reporte periódico (los días martes y viernes), impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a las víctimas y la entrega del pasaporte al Ministerio Público, esto luego, de que los elementos presentados no lo vincularan de manera comprometida al proceso.
En esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Paula Gárces, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, quien pidió que se confirmara la decisión de la juez de primera instancia, por la valoración del hecho, la destrucción de pruebas, peligro de afectación a las víctimas, y peligro de fuga
Cabe destacar que la investigación de este caso, inició en mayo de 2017, cuando según informes policiales de vigilancia y seguimiento, ponen en conocimiento desde Costa Rica, que en territorio panameño, una supuesta organización criminal se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes asiáticos.
Según lo manifestado por la fiscal, la ruta que se utilizaba era desde el país de origen de las víctimas, llegaban a Costa Rica y Panamá, donde a cambio, recibían grandes sumas de dinero.
Al inicio del acto de audiencia, la licenciada Lourdes González, representante de un hombre de nacionalidad asiática, desestimó el recurso de apelación, hasta que tenga nuevos elementos para solicitar un cambio de la misma, el cual fue admitida por el Tribunal.
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