Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí elige nueva junta directiva

Tras tomar posesión de sus cargos en el Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí, los magistrados Dimas Manuel Moreno Rodríguez, Basilio Guerra Guerra y José Israel Correa eligieron recientemente a la junta directiva que los representará durante lo que resta del año 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 del Código Judicial.

Los integrantes escogieron, por votación unánime como presidente, al magistrado Dimas Manuel Moreno Rodríguez, y como vicepresidente al magistrado Basilio Guerra Guerra.

A diferencia de años anteriores, la conformación de esta junta directiva se produce en esta época debido a que ambos magistrados fueron escogidos en el mes de septiembre pasado, mediante la vía de ascenso correspondiente a la Carrera Judicial.

Tras su elección, el nuevo magistrado presidente expresó que esta designación constituye un nuevo reto que asumirá con total disposición para cumplir con los objetivos propuestos. 

“La nueva designación implica estar al frente de la gestión administrativa y de la coordinación con la Oficina Judicial y el resto de los despachos judiciales. Sin duda es un gran reto, pero tenemos toda la disposición para cumplir con dichas expectativas”, afirmó.

Al nuevo magistrado presidente le corresponderá coordinar reuniones con la Oficina Judicial respecto al manejo de las notificaciones a las partes, priorizando la situación procesal de las personas privadas de libertad. 

Cabe señalar que, esta elección se llevó a cabo en estricto cumplimiento de lo estipulado en el artículo 126 del Código Judicial, el cual establece la selección de una junta directiva que represente al Tribunal Superior de Apelaciones en las actividades de coordinación interinstitucional y en los espacios donde se deba intercambiar información.

Por lo antes expuesto, corresponderá a los miembros de la directiva participar en reuniones bilaterales, circuitales y de coordinación interna del Sistema Penal Acusatorio con los juzgados de cumplimiento y garantías, a fin de verificar el buen funcionamiento del sistema y evaluar posibles buenas prácticas para llegar a consensos en materia administrativa y de gestión adecuada de los trámites judiciales.

Texto y fotos: Vielka Cádiz Franco